Juan Grabois denunció al Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovello.

A raíz de los videos enviados en febrero por trabajadores del ministerio al secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, en donde se mostraban dos depósitos pertenecientes a Capital Humano llenos de comida a punto de vencer y útiles escolares sin repartir.

“En función de los constantes incumplimientos por parte de la Ministra de Capital Humano Licenciada Pettovello venimos a solicitar se libre orden de allanamiento” se resalta en la presentación judicial.

“Si el Ministerio de Capital Humano tiene mochilas, guardapolvos y otros útiles escolares, ¿por qué no los reparte antes del comienzo del ciclo lectivo?, ¿cuándo lo piensa repartir?, ¿lo piensa repartir?”, preguntó Grabois en la denuncia.

Respuesta de Capital Humano y situación de los alimentos

En un comunicado, el ministerio indicó que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no registra alimentos vencidos ni próximos a vencer en ninguno de los cinco depósitos que están bajo su dependencia. Según informó, únicamente existe un remanente de yerba y aceite disponible para que las provincias lo retiren, y se ha establecido un plan de entrega que finaliza el 14 de marzo. Cabe destacar que para algunas provincias el retiro de miles de kilos de alimentos representa un desafío el transporte de kilos de alimentos.

Intervención judicial y requerimientos a la cartera

Con Casanello de licencia y reemplazado por el juez Julián Ercolini, se dio un giro en la gestión del caso. Aunque no se ordenó un allanamiento, el juez Ercolini realizó un detallado requerimiento de informes a la cartera de Pettovello, a pesar de los intentos de la misma de desentenderse. Según la presentación de la querella, el magistrado señaló que “surge la existencia de alimentos que forman parte del plan de distribución encomendado en el marco de este incidente (en particular, aceite marca Alsamar, yerba marca Sierras del Imán y leche Vidalac, según el stock relevado el 1/6/2024)”. En consecuencia, se le exige a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que, en un plazo de 72 horas, aporte un informe actualizado que incluya el detalle del retiro de dichos alimentos —quien lo realizó, qué productos (con indicación de tipo, marca y cantidad en kilogramos) y cuándo se efectuó—, según el listado de junio del año pasado. Además, en caso de que algunos alimentos continúen almacenados, deberá especificarse el tipo de producto, marca, cantidad, fecha de expiración y la razón por la cual permanecen en depósito, todo ello respaldado con la documentación correspondiente.

Cabe recordar que, el año pasado, un juzgado en lo contencioso condenó al Estado Nacional por incumplir con la entrega de alimentos, lo que se interpretó como una violación al derecho fundamental de acceso a la alimentación. A pesar de haber cumplido parcialmente con algunas exigencias, la situación se trató posteriormente como si no hubiera sucedido nada.