El gobierno dio marcha atrás luego de ofender a discapacitados mentales
Desde el gobierno lanzaron una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), en donde aparecían palabras incorrectas y despectivas para “ clasificar” los niveles/grupos de personas con distintas capacidades cognitivas o psíquicas. En el documento figuraban palabras como “idiota”, “débil mental” y “retardado”.
El gobierno pidió disculpas debido a que se trato de un error, y se justifico explicando que: “Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados” (Publicado en X)
“Desde la ANDis queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, agregaron.
Cabe aclarar que estos términos se dejaron de usar desde que la Argentina se unió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU.
Varias organizaciones por los Derecho Humanos salieron a repudiar el comunicado, entre ellas la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA): “El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación”.
“Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad.Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención”, sostuvo Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por otro lado, el comunicado tenía como fin limitar las pensiones no contributivas, por lo que las personas con discapacidad son obligadas a realizarse nuevos estudios en un período de entre dos y tres semanas, algo que es imposible para la mayoría debido a la accesibilidad para hacer dichos tramites.