Cositorto fue declarado culpable y recibió su condena
Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, declarado culpable de estafa y asociación ilícita.
Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, fue declarado culpable de estafa y asociación ilícita por el Tribunal de Goya, Corrientes. La audiencia estuvo marcada por momentos de tensión, con gritos y la expulsión del acusado de la sala.
Aunque aún no se ha determinado la pena exacta que enfrentará, el delito de estafa continuada y asociación ilícita conlleva un mínimo de cinco años de prisión.
Otros acusados en la causa, como Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino, también fueron hallados culpables, mientras que Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina fueron absueltos.
Más procesos judiciales en distintas provincias
Los acusados aún deben afrontar juicios en otras provincias, como Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires. Sobre este último, el abogado querellante Pablo Fleitas adelantó que la próxima semana Cositorto y su grupo serán citados a indagatoria.
Durante el juicio, los fiscales Barry y Ballará sostuvieron que se demostró la existencia de una asociación ilícita integrada por Cositorto, Echegaray, Batista, Camelino y los hermanos Medina. Según la acusación, el grupo operaba bajo la fachada de una academia de coaching financiero en Goya, pero su verdadero propósito era captar fondos de ahorristas mediante una estafa piramidal.
“Se acreditó con grado de certeza la autoría de los imputados como organizadores e integrantes de la estructura delictiva”, afirmaron los fiscales, basándose en los testimonios de las víctimas, documentación y otras pruebas presentadas durante el juicio.
El caso Generación Zoe
Cositorto fue detenido en abril de 2022 en República Dominicana y extraditado a Argentina, acusado de liderar una estafa piramidal que habría defraudado a inversores por al menos 120 millones de dólares.
Generación Zoe operó en 17 países y afectó a miles de personas, muchas de ellas en Argentina, especialmente en las provincias de Corrientes y Córdoba, donde numerosas víctimas perdieron sus ahorros tras falsas promesas de rentabilidad.
Pese a las acusaciones, Cositorto ha insistido en que todas sus actividades fueron legales y recientemente declaró en una entrevista que confía en lograr su absolución en este primer juicio en su contra.
La Justicia federal ha iniciado una investigación penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, en relación con el caso de la criptomoneda $Libra. El fiscal federal Eduardo Taiano, quien recientemente asumió la causa, ha ordenado las primeras medidas de prueba para esclarecer los hechos y determinar si se han cometido delitos.
Primeras medidas judiciales y requerimientos de información
El Ministerio Público Fiscal ha solicitado informes a diversos organismos públicos y privados en el marco de la investigación. Entre las entidades contactadas figuran:
- Banco Central de la República Argentina (BCRA): Para analizar posibles infracciones a las normativas financieras y regulatorias vigentes.
- Comisión Nacional de Valores (CNV): Con el fin de evaluar si la criptomoneda $Libra ha incurrido en irregularidades en su comercialización y distribución.
- Inspección General de Justicia (IGJ): Para identificar a los responsables legales detrás de la creación y operación de esta divisa digital.
- Empresas tecnológicas como Google: Para rastrear la actividad en plataformas digitales y determinar el origen y gestión de los sitios web vinculados a $Libra.
Además, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) ha sido incorporada a la investigación para trazar un mapa digital de los portales que han promocionado y operado con la criptomoneda.
Alcance de la investigación y posibles escenarios
Si bien las primeras medidas no incluyen requerimientos directos a la Casa Rosada, fuentes judiciales aseguran que más adelante podrían solicitarse registros de visitas y otras pruebas relacionadas con la vinculación del Ejecutivo con la criptomoneda en cuestión.
Los analistas legales consultados señalan que la investigación podría derivar en diversos escenarios:
- Confirmación de irregularidades: Si se detectan delitos financieros, podrían iniciarse imputaciones a los responsables.
- Vinculación de funcionarios o empresarios: En caso de que la criptomoneda tenga nexos con el gobierno o actores del sector público, podrían impulsarse nuevas líneas de investigación.
- Desestimación de la causa: Si no se hallan pruebas contundentes, el expediente podría ser archivado.
Repercusiones políticas y económicas
El inicio de la investigación genera un impacto significativo en el escenario político y económico del país. Javier Milei, quien ha impulsado una agenda liberal en materia económica, enfrenta ahora cuestionamientos sobre su presunta relación con $Libra y el marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina.
Los mercados han reaccionado con cautela, y la comunidad inversora está a la espera de definiciones judiciales que puedan aclarar el panorama financiero. En paralelo, sectores opositores han solicitado mayor transparencia en la regulación de los activos digitales y su posible vinculación con el poder político.
El fiscal que tiene delegada a su cargo la investigación, Eduardo Taiano, pidió informes al Banco Central y a distintas entidades para determinar cómo fue la operatoria que generó polémica.
La justicia federal abrió formalmente hoy una investigación penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y otros involucrados en el caso de la criptomoneda $Libra para determinar si se cometieron delitos. El fiscal federal Eduardo Taiano- quien ayer quedó a cargo de la causa- ordenó de las primeras medidas de prueba en la causa.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Taiano pidió informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros privados, como la empresa Google, para buscar información sobre los hechos que se denunciaron.
El fiscal también le dio intervención en el caso a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para rastrear los sitios de internet desde los cuáles se crearon y operaron los sitios webs vinculados a la criptomoneda.
Infobae pudo saber que entre las medidas pedidas por el fiscal no hay pedidos de informes a la Casa Rosada, como por ejemplo los registros de visitas, como tampoco citación de testigos u exhortos internacionales a otros países. “Pedidos a Presidencia será más adelante”, confió una de las fuentes consultadas que no descartó que tras esta primera tanda de medidas de prueba haya otra la semana que viene.
“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”, planteó Taiano.
El caso comenzó el viernes pasado cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -y que lo fijó- en el que difundió el lanzamiento de $Libra. Pero horas después lo borró y publicó otro en el que dijo que no estaba interiorizado en la criptomoneda. Luego se supo que por su primer tuit el precio de la cripto pasó de 0 a 5% y que unos pocos lograron retirar millones de dólares mientras que otros perdieron miles.
En los tribunales de Comodoro Py se presentaron 10 denuncias penales para investigar a Milei y al resto de los involucrados. La primera fue la del ex diputado nacional Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad y quedó a cargo de la jueza federal María Servini, quien ayer delegó la investigación en Taiano.