Pedehontaá en Legislación Social

El subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá acudió hoy a la Comisión de Legislación Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de La Pampa, para dar respuestas a interrogantes planteados por legisladores opositores en torno al convenio suscriptopor la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Capacitación Laboral de la provincia de La Pampa y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación. Estuvieron entre otros las legisladoras Alicia Mayoral, Claudia Godoy, José González y Sandra Fonseca, esta última ratificó hace días su pertenencia al bloque del Partido Justicialista más allá que su esposo, Juan Carlos Tierno, fue cesanteado por el gobernador Verna.
Pedehontaá se encargó de agradecer la celeridad con que los diputados le dieron tratamiento al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por la que se aprueba el convenio suscripto entre la Subsecretaria de Trabajo, Empleo y Capacitación Laboral de la provincia de La Pampa y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, destinado al mejoramiento de la calidad de empleo. “Fundamentalmente porque nos permite pagar los sueldos de los inspectores involucrados”, manifestó el funcionario.
El convenio indica la importancia de la herramienta de la prevención y fiscalización de las condiciones de trabajo, es que será necesario contar con un cuerpo de inspectores dependientes de la Subsecretaría de Trabajo, quienes serán solventados económicamente (durante la ejecución del convenio) con fondos provenientes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, por lo que, para que dichas inspecciones se llevaran a cabo, desde enero de este año hasta el momento de la aprobación de la normativa, a los inspectores se los solventó a través de la figura de locación de servicios, según reconoció el subsecretario.
Pedehontaá les aclaró a los diputados que era “probable que los fondos Nación ya los hubiera enviado a la provincia pero, de ser así, estarán en Rentas Generales, ya que no se le podía dar el destino específico hasta que no se hubiera aprobado el acuerdo en la Legislatura”.
También dijo que “este tipo de convenios esta Subsecretaría los viene firmando con la Superintendencia desde el año 2003, ocurre que con el nuevo gobierno nacional, en el convenio del año 2016 se instrumentaron una serie de cambios que nos obligaba, por ejemplo, a llevar adelante en 2017 un total de 400 inspecciones al año, algo imposible de ejecutar en nuestra provincia dada la cantidad y magnitud de las empresas y emprendimientos a inspeccionar”.
“Eso -dijo Pedehontaá- nos llevó a incurrir en un incumplimiento involuntario y reclamamos de la superintendencia una revisión en cuanto a esa obligación y ellos enviaron auditores a la provincia y comprobaron que semejante exigencia era excesiva y se dispuso, entonces, bajar a 200 la cantidad de emprendimientos y empresas a inspeccionar, algo mucho más razonable”.
Que el monto que aporta en dinero la superintendencia sea prácticamente el mismo de un año al otro, pese a los cambios objetivos que ha habido en el devenir económico, tiene que ver, según el funcionario “con una suerte de castigo por aquel incumplimiento”.
Reveló también, que los inspectores de nuestra provincia (5 de convenio, es decir los que auditan que los convenios colectivos de trabajo sean respetados, y el resto integrantes del cuerpo inspectivo de seguridad e higiene, referidos a la calidad y seguridad del trabajo) fueron capacitados por personal de la superintendencia.