La flexibilización de Leandro

Aún antes de que el Fondo Monetario Internacional llegue a algún acuerdo con Argentina, que traiga aparejada algún tipo de flexibilización para la clase trabajadora, el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, parece intentar adelantarse y ya pretende dar los primeros pasos en ese sentido. Presentó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que pretende precarizar las condiciones de jubilación para más de medio centenar de trabajadores, incluso en algunos casos asemejándose a una situación de despidos encubiertos.
La iniciativa fue presentada como un “régimen especial de jubilación”, apuntando a 60 trabajadores que en la actualidad cumplen con la edad para jubilarse, pero no con los años requeridos para este beneficio. La mayoría de ellos ingresaron a planta permanente luego de revestir varios años como planes de empleo, razón por la cual no cuentan con los años de aportes requeridos por el Instituto de Seguridad Social para jubilarse como cualquier empleado estatal pampeano, quedándoles la alternativa de hacerlo por la ANSES.
Ante esta realidad, y de aprobarse el proyecto enviado por el ejecutivo municipal, dejaría a los 60 empleados divididos en dos grupos. Por un lado los que deben pasar un requisito socio económico, que varios no lo cumplirían, por percibir pensiones de cónyuges fallecidos, o poseer automóviles de modelos relativamente nuevos, etc., donde ya habría un caso de una trabajadora que está en condiciones de jubilarse, por su edad, y al acercarse a ANSES su solicitud fue rechazada, por cobrar una pensión por marido fallecido. En este caso, de promulgarse la ordenanza, esta mujer se quedaría, a los 60 años, sin el trabajo, como municipal, y sin jubilación.
El proyecto de Altolaguirre establece que seis meses después de cumplir la edad para jubilarse, los trabajadores serán cesanteados y perderán todos sus beneficios como tales.
En el otro grupo se ubican los que sí pasarían el requerimiento socio económico de la ANSES, pero al no tener los años necesarios de aportes, deberían pagar de su propia jubilación la moratoria previsional. Se cae de maduro que al magro haber, se le descontaría la moratoria, lo cual los pondría en una situación prácticamente de indigencia.
La letra chica del proyecto ya encendió luces de alarma entre concejales opositores, incluso algunos oficialistas y el gremio del SOEM.

Hay un detalle -no menor- y es que la comuna no se encuentra adherida, y Altolaguirre no quiere hacerlo, a la Ley 2954, de creación de un suplemento especial vitalicio, que le garantiza a este tipo de trabajadores que podrían jubilarse a través del ISS, y entre otras cosas cobrar la jubilación mínima de algo más de 13.000 pesos, mientras que la de ANSES es de 8 mil pesos. De adherir el municipio a esta Ley, debería pagar por trabajador una suma más elevada que si los deja a su albedrío. Uno de los problemas que también se suscitaría es que varios de estos trabajadores de entre 60 y 65 años se encuentran actualmente con cobertura de tratamientos médicos del SEMPRE, que en caso de jubilarse por ANSES perderían la continuidad de esos tratamientos.
Al parecer, Leandro Altolaguirre está decidido a ser considerado alumno avanzado de las recetas de Christine Lagarde, incluso a costillas de trabajadores que empezaron y terminarían su vida laboral como precarizados del Estado.