“La única respuesta es la liberación”
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas aceptó la invitación del gobierno argentino de visitar el país aunque su titular, Roland Adjovi, advirtió que la invitación “no puede constituir una respuesta a (nuestra) decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación” de Milagro Sala.
Aunque no existen fechas confirmadas aún, la visita del organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llegaría a Argentina en mayo, según deslizaron fuentes del organismo a la agencia AFP. “En principio sería una visita de seguimiento, pero como hace mucho que la primera visita tuvo lugar (en 2003), una visita completa sería lo más apropiado”, apuntó Adjovi en diálogo con ese medio, ante el que aseguró que, si bien el gobierno de Mauricio Macri elevó la invitación luego de la resolución que el Grupo de Trabajo elaboró a propósito de la detención de Sala y del resto de los militantes de la organización jujeña Tupac Amaru, en prisión preventiva desde enero pasado, su llegada al país “no puede estar exclusivamente ligada al caso Milagro Sala”.
Adjovi reclamó al gobierno nacional una respuesta a la resolución número 31 que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que dirige emitió a fines de octubre y que exigía la liberación inmediata de la dirigente social jujeña. “El Gobierno invitó al Grupo pero eso no puede constituir una respuesta. La única respuesta satisfactoria es la liberación”, apuntó y cuestionó los argumentos planteados por el presidente Mauricio Macri. “El gobierno federal tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones”, señaló Adjovi.
La última vez que Macri fue consultado sobre la detención de Sala fue durante el “retiro espiritual” de Gabinete. En el encuentro que comenzó el viernes en Chapadmalal, el Presidente justificó la detención de la referente social jujeña desde el parecer colectivo: “A muchos argentinos nos pareció que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala”, dijo durante el retiro espiritual. Un día antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había sumado al reclamo de la ONU y del titular de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y urgió al gobierno nacional a promover las medidas necesarias para la liberación de Sala.
“Resistirse a cumplir con estos reclamos ubica a la Argentina en un estado de excepción”, remarcó María Elena Naddeo, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, durante un encuentro que realizó junto a otros referentes de ese espacio con la prensa internacional. “Milagro Sala es una secuestrada del aparato estatal de Jujuy y del Estado nacional”, denunció su colega Eduardo Tavani, miembro de la coordinación general del Comité que por estos días recorre embajadas de distintos países para recoger “solidaridad” en torno del reclamo de una Navidad sin presos políticos. “Han expresado preocupación por el hecho de que Argentina, que hasta ahora ha sido una referencia en Derechos Humanos, se está convirtiendo en un país que violenta principios constitucionales y del sistema universal, que incumple resoluciones de organismos especializados”, puntualizó la ex legisladora.
“La campaña de (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales contra Milagro Sala, el odio personal y de clase de Morales, están llevando al Gobierno y a la Argentina a figurar en un lugar en el que no estaba desde 1979, como país que viola los derechos humanos”, lamentó el abogado Marcelo Parrilli. El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, calificó de “pobre” el argumento del Gobierno. “La cabeza del Estado dice que no importa lo que dicen los organismos internacionales –alertó–. Pasa por arriba la presunción de inocencia y del debido proceso. Los organismos internacionales no dicen que no se investigue a Milagro Sala, sino que tiene que estar libre”.
A través de un comunicado, la Asociación Civil Justicia Legítima manifestó su “profunda preocupación por la eventual responsabilidad del Estado argentino en un caso emblemático, debido a la insuficiente información sobre el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales exigidos para la justificación de la prisión preventiva”.